Quinientos cuarenta y tres plazas disponibles para direcciones y subdirecciones de instituciones educativas estatales de inicial, primaria y secundaria, publica hoy el ministerio de educación en su portal de internet.
El personal docente interesado en acceder a una de estas vacantes puede inscribirse virtualmente ingresando su DNI y cuenta de correo electrónico. Inmediatamente recibirá un mensaje en esa dirección electrónica con un enlace en el que podrá continuar con el proceso de inscripción.
En la ficha debe consignar el cargo y la institución a la que postula. Luego la imprime y va con dicha constancia a la agencia más cercana de Banco de la Nación para completar el trámite que es totalmente gratuito.
Puede participar en este concurso el o la docente que esté ubicado entre la 4ta y la 6ta escala de la Carrera Pública Magisterial de la nueva Ley de Reforma Magisterial.
De forma excepcional para la presente convocatoria pueden participar aquellos docentes que se encuentren en la 2da y 3ra escala de la Carrera Pública Magisterial y que tienen como mínimo 10 años de tiempo de servicios, contados desde su nombramiento. También, el personal que
provenga del 3er nivel de la Ley del Profesorado, o del 2do nivel de la misma Ley, pero que ha sido director o subdirector dentro de los últimos 10 años, y que ha sido ubicado en la 1ra escala de la Carrera Pública Magisterial.
Además, los y las postulantes deben tener formación especializada un mínimo de 200 horas dentro de los últimos 5 años o bien estudios de segunda especialidad o estudios de postgrado relacionados a la gestión educativa y a la pedagogía.
No pueden postular quienes tengan antecedentes penales o judiciales; sanciones administrativas durante los últimos 5 años o inhabilitación para el ejercicio de la profesión docente inscrita en el Escalafón.
Tampoco los condenados ni acusados por terrorismo o apología, delito contra la integridad sexual, corrupción de funcionarios o tráfico de drogas, ni haber incurrido en actos de violencia que hubiesen atentado contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, así como haber impedido el normal funcionamiento de los servicios públicos.
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