Últimamente, el sector educativo en nuestra región Piura está sacudido por escándalos de corrupción. Por esa razón corresponde a todos, autoridades y ciudadanía, luchar contra ella. Creemos que la denuncia que presentamos debe investigarse para determinar si ha existido voluntad de proteger a funcionarios procesados.
El exdirector regional de educación de Piura, Arnulfo Sandoval Cornejo, destituyó de su cargo, desde el 14 de febrero de 2020, al presidente de la Comisión de Procesos Administrativos (COPROA), la cual se encarga de investigar a los once directores de las UGEL de Piura.
El expresidente Enrique Verástegui Sisniegas, manifiesta que su periodo de gestión debió ser de dos años, de acuerdo a la resolución vice ministerial 091 del 2015. Agrega que, posteriormente, el secretario técnico de la Comisión, abogado Emilio Espinoza Falero, fue despedido de su trabajo, siendo reemplazado por su colega Jeremy Renato Rosales Martínez, quien no reunía los requisitos para ocupar el cargo. Además, se conoce que es el esposo de una funcionaria de la UGEL Paita, cuyo director también era uno de los investigados por la comisión.
Como si esto fuera poco, se despidió a Percy Sullón Vargas, uno de los asesores legales de la Comisión y se cambió de oficina a la asistente técnica, Yudiluz Morales Nole.
Después de destituir a Verástegui, el ex director de educación designó a Rossmery Baca Núñez, Jefa de la oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, en su reemplazo, pero ella renunció al poco tiempo.
La cereza que corona el pastel es que, después de eso, el cargo cayó en manos del administrador de la DREP, en ese momento, Julio Alberto Lizano Huamán, hermano de otro director, el de la UGEL Sullana, Miguel Ángel Lizano Troncos.
Nos informan que el asesor externo del Director de la DREP era Luis Mario Alegre Cotos, quien había sido defensor del director de la UGEL Paita, William Humberto Carrasco Chu, con proceso pendiente de resolución en la misma comisión.
El abogado Percy Sullón Vargas, quien formó parte de la Comisión que presidió Verástegui, propone que la DREP los convoque para comprobar si todos los expedientes están conforme los dejaron, sin pérdida de alguno de los mismos como lo aseguró hace poco el director regional, Elvis Bonifaz López.
El reto está lanzado, esperemos que lo acepten.
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