El personal docente y administrativo implicado en los delitos de terrorismo y violación de la libertad sexual, no sólo serán separados o destituidos, sino inhabilitados definitivamente para ejercer sus cargos.
Así lo señaló hoy la ministra de Educación, Patricia Salas O’Brien, asegurando que en los próximos días, el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso de la República, el Proyecto de Ley que regula dichas medidas extraordinarias.
En él se plantea la necesidad de incorporar y modificar artículos del Código Penal y de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
Ese nuevo marco legal permitirá aplicar las acciones administrativas previstas en el Decreto Supremo N° 019-ED del 3 de julio del año 2010, agregó la ministra.
Respecto a las acciones tomadas, en relación a la aplicación del Decreto Supremo antes mencionado, la ministra aseguró que a solicitud de su despacho, la Corte Suprema de la República alcanzó al Ministerio a su cargo, los datos de los sentenciados por delito de terrorismo desde el año 2003 al 2011.
Indicó que la información alcanzada fue utilizada por la Unidad de Personal, la que cruzó información con el Sistema Único de Planillas. Este proceso permitió detectar que se encuentran en condición de activos 12 docentes, dijo Patricia Salas.
Asimismo, señaló que lo mismo se hizo con la lista que el congresista Octavio Salazar Miranda le entregó con nombres de posibles sentenciados por delito de terrorismo que incluye los años anteriores al 2003. En este caso se detectó que se encuentran en condición de activos 138 profesores en 21 regiones del país, sostuvo la ministra.
Es por eso que su despacho ha remitido esta información a los Presidentes Regionales, solicitándoles que adopten las medidas administrativas correspondientes. El Ministerio, por su parte, realizará las investigaciones pertinentes a fin de adoptar, en los casos en que se compruebe que dichas personas fueron sentenciadas por terrorismo, las acciones que correspondan.
Respecto a la información oficial de la Corte Suprema se procederá inmediatamente a cumplir con lo establecido por el Decreto Supremo 019-ED-2010.
Otra de las decisiones tomadas por el Ministerio de Educación para evitar el rebrote del terrorismo, es el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas a través de la formación de nuestros niños y jóvenes en una cultura de paz y de valores que acompañan a la democracia.
En esa perspectiva, la Alta dirección del Ministerio, ha tomado contacto con la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), para que, en forma conjunta, se convoque a los decanos de las Facultades de Educación y a directores de los Institutos Pedagógicos del país, a fin de hacer una revisión de la formación docente en las materias relacionadas con la enseñanza de la historia, ciencias sociales y educación cívica y ciudadana.
Fuente: http://www.minedu.gob.pe/
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